La organización norteamericana Human Rights Watch (HRW) denunció la prisa de varios gobiernos europeos, entre ellos el de Suecia, en organizar la expulsión de menores que llegaron solos de Afganistán, Irak y Africa, solicitando asilo político. Según la denuncia de varias ONG, los gobiernos de Gran Bretaña, Holanda, Suecia y Noruega, están organizando centros de repatriación en Afganistán, para enviar de regreso a los menores de edad que llegaron a sus países huyendo de la guerra y la miseria.
Muchos gobiernos consideran una carga la responsabilidad de recibir a los menores solos, integrarlos a programas de estudios y mantenerlos hasta la edad adulta, por lo que prefieron desembararse de ellos enviándolos de regreso. Muchos países ya tienen aceitado el mecanismo de expulsión de adultos, pero consideran que recibirían críticas si proceden de la misma manera con los menores de edad. En general los adultos son librados a su suerte al país al que son expulsados.
Según la Comisión Europa, en Europa hay actualmente unos 100 mil menores que llegaron solos de países como Afganistán, Irak o países de Africa Occidental. Muchos de ellos se presentan a solicitar asilo. Algunos con muy escaso dominio de ingles, se presentan antes las autoridades policiales a esperar que decidan su suerte. Requieren atenciones médicas y psicológicas, están lejos de su familia cuando todavía la tienen y las administraciones no pueden desentenderse de su cuidado y educación.
Dos años atrás la prensa sueca se ocupó de unos 40 casos de “niños apáticos”, menores que llegaron con sus familias o solos, y que después de un tiempo recibieron la noticia de que no eran aceptados y que debían retornar a sus países. Estos niños y adolescentes cayeron en una situación de apatía, se negaban a comer, hablar, salir de la cama o sus dormitorios. El problema fue mayor cuando muchos gobiernos comunales se negaron a recibir menores solos y el gobierno central no sabía que hacer con ellos. Algunos casos de expulsión de menores acapararon la atención pública, algunos de ellos estaban muy enfermos y fueron enviados a sus países de origen donde no iban a recibir la ayuda médica adecuada. Otros fueron regresados a Irak o Afganistán, ya que el Departamento de Migración considera que no existe una guerra en esos países.
Ahora los gobiernos europeos están planeando otra estrategia. Por lo pronto ya se anunció que Gran Bretaña inauguró un centro de atención para los ciudadanos expulsados en Kabul, capital de Afganistán. Y otros países planean seguir su ejemplo.
Este centro se hará cargo de ellos hasta que tengan 18 años; después, no se sabe qué será de los menores. El centro costará casi tres millones y medio de euros, y espera poder recibir a unos 20 niños cada mes. Por lo pronto varios países están anunciando que comenzarán a repatriar a los menores solos, y sostienen que es para que “estén con sus familias”. Sin embargo construyen los centros de atención, lo que sugiere que no hay una familia que los espera.
Para ONG como Human Rights Watch (HRW), las directrices aprobadas en una reunión de los ministros de Interior de los 27 miembros de la UE en junio pasado, “constatan la intención de los gobiernos de desentenderse del futuro de los menores”.
Estas directrices, impulsadas por España, y en las que se están amparando varios países para impulsar la creación de estos centros son, según Simone Troller, consejera de HRW, la necesaria luz verde: una excusa para deshacerse de los menores por la peor de las vías, enviándolos a un infierno del que salieron con riesgo para sus vidas. Según se explica, en esa reunión de ministros del Interior, se decidió dar prioridad a la repatriación de los menores, antes que cualquier otra alternativa. Según una de las directivas aprobadas, se debe animar a los menores a que regresen a sus países voluntariamente. "Lo mejor siempre para estos niños es estar con su familia", dijo la comisaria comunitaria de Interior, la sueca Cecilia Malmström, quien recomendó que la decisión de repatriarlos se tome con celeridad: en un plazo de seis meses.
Simone Troller de HRW preguntó entonces: "¿Para qué necesitan los centros si nos dicen que la intención es devolverlos a sus familias?", al tiempo que advirtió también "unas prisas muy sospechosas por facilitar el retorno, que se impone a la protección de los derechos del niño". Troller resalta que, en las directrices de la UE, apenas aparecen referencias concretas a la responsabilidad del país de origen en la protección del menor, o el derecho del niño a ser oído y decir dónde quiere quedarse, así como la posibilidad de recurrir ante la Justicia una posible orden de retorno. "Nos tememos que la UE acabe promoviendo la expulsión de estos niños, que serán recluidos en condiciones inciertas en Kabul y puestos en la puerta del centro el día que cumplan 18 años", sostuvo en una entrevista al diario madrileño Público.
A su vez, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) al tiempo que destaca positivamente algunas de las directrices de la UE, admite que "estamos preocupados porque se ha puesto mucho el acento en el retorno de los niños sin contar con garantías", según Blanche Tax, miembro del equipo legal de la oficina de la ONU en Bruselas. Según ACNUR, 5.293 menores de edad afganos pidieron asilo en Europa en 2009.
Otra de las directrices de la reunión de ministros del Interior fue solicitar a la Comisión Europea que facilite fondos para que "las autoridades de los países de origen gestionen el retorno creando centros de recepción", siempre que se haya perdido la pista de la familia. La UE ya tiene un "Fondo Europeo de Retorno" que apoya la expulsión de ciudadanos de fuera de la UE. Su presupuesto para este año es de 83 millones de euros, pero irá subiendo hasta 193 millones en 2013. La entrega de fondos para la expulsión de ciudadanos se hace sin cuestionamientos y la Comisión recordó que "es responsabilidad de cada Estado miembro, que quiere devolver a una persona a su país de origen, decidir si el retorno respetará las obligaciones europeas e internacionales".
La jurista portuguesa Marta Santos Pais, la primera Representante Especial de la ONU sobre la Violencia contra la Infancia deploró que los niños sean "invisibles" para los estados y sus legislaciones al comentar esas decisiones en la prensa ibérica. “Afganistán está en guerra y creo que no hay que pretender que creando un centro de repatriación allí para esos niños las condiciones de protección de sus derechos quedarán garantizadas También es cierto que hay muchos niños que viven allí y que no emigran. Considero que puede ser útil prevenir situaciones de violencia y trabajar para crear un entorno protector en Afganistán que evite la emigración infantil. Pero antes de decidir el retorno, es fundamental examinar si se puede garantizar, no sólo la supervivencia del niño, sino también una perspectiva de futuro a largo plazo” comentó.
Añadió además que “el retorno forzoso no es compatible con el interés superior del niño, pues representa que la solución se ha tomado a priori. Entre todas las opciones posibles, hay que elegir aquella que salvaguarda los derechos del niño. En algún caso puede que lo mejor sea el retorno pero, cuando se fija la repatriación como objetivo, eso compromete sus derechos”.
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