de que mi sacrificio no será en vano, tengo la
certeza de que por lo menos habrá una lección
moral que castigará al felonía, la cobardía y la traición”
Este 11 de septiembre se cumplen 37 años de uno de los momentos más aciagos sufridos por la democracia latinoamericana: el derrocamiento y asesinato del presidente chileno, Salvador Allende y con ello, la instauración de la cruenta dictadura que por 17 años mantuvo en esa nación Augusto Pinochet, respaldado por el gobierno de Estados Unidos y por las clases dominantes de ese país.
Durante el gobierno de Salvador Allende, los medios masivos de comunicación desempeñaron un papel fundamental en cuanto a la formación de criterio de un sector de la población. Prensa, radio y televisión apoyaron abierta y directamente a la derecha fascista.
La información que se generaba era manipulada con el fin de desacreditar las acciones y la figura del mandatario chileno y promover el modelo clasista y excluyente de los sectores poderosos.
Ya durante las campañas presidenciales de 1970, la prensa de derecha comenzó una campaña publicitaria contra la coalición de la Unidad Popular (UP), que tenía como objetivo desacreditar al socialismo y despertar el miedo entre la población chilena.
Uno de los hasta entonces más prestigiosos diarios chilenos, El Mercurio, propiedad del empresario Agustín Edwards Eastman, se colocó al servicio de la Agencia Central de Información (CIA por sus siglas en inglés), previo pago de una cuantiosa cantidad de dólares.
Desde sus páginas diariamente se atacaba al presidente Allende, se descalificaba la acción de su gobierno y se alentaba a los grupos opositores, que no cesaban de sabotear mediante huelgas injustificadas y protestas de sectores pudientes y gremios profesionales.
Como ocurre hoy en Venezuela con medios privados, desde 1970 hasta 1973, los chilenos cada día eran sorprendidos con titulares como “Gobierno se pone al margen de la ley”, “Crece alarma por desabastecimiento”, “Inseguridad en carreteras”, “Chile al borde de la quiebra de su sistema democrático”, “Primera etapa de la vía chilena al socialismo: racionamiento y hambre”.
La intención también era la de propiciar además, un cambio de los factores de poder, por lo que infundían temor en la población atemorizándola con "el fantasma del comunismo".
Buscaban además convencer a la población de la necesidad de un "cambio necesario" donde una mano fuerte, ante la "incapacidad gubernamental" debía llegar para poner un freno a la inseguridad.
Luego del Golpe de Estado, el diario se dedicó a la fabricación de noticias falsas, que intentaban hacer creer al pueblo chileno la legitimidad del gobierno golpista, además de encubrir las torturas y asesinatos llevados a cabo por la Junta Militar de Gobierno, a través de informaciones ficticias.
Uno de esos casos es el de la militante del Partido Comunista, Marta Ugarte, de 42 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la playa La Ballena, entre los balnearios de Los Molles y Los Vilos, el 12 de septiembre de 1976, con claros signos de tortura y violación.
Ugarte tenía amarrado un alambre en el cuello, con el que fue estrangulada, antes de ser lanzada al mar desde un helicóptero del Ejército de Chile.
Para justificar el asesinato, la periodista Beatriz Undurraga, de El Mercurio, se encargó de crear, con la asesoría comunicacional de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) una versión en que se aseguraba que Marta Ugarte había muerto, producto de “un crimen pasional.”
Todos los diarios de la cadena de la empresa El Mercurio, en todo el país, difundieron esta tergiversación de los hechos, en simultaneidad con los noticiarios centrales de los canales de televisión.
Los 119
Los 119 son los secuestrados por la Dina, cuyos nombres fueron incluidos por la dictadura en la nómina de chilenos habrían sido asesinados por sus propios compañeros comunistas o en enfrentamientos con fuerzas de seguridad extranjeras.
Los días 14 y 16 de junio de 1975, El Mercurio anunció que 50 guerrilleros habían sido detenidos en Talca y que otros dos grupos habrían cruzado la frontera desde Argentina en un plan combinado del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) chileno y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) argentino.
Los titulares del diario decían que "informaciones provenientes de Buenos Aires" dan cuenta de un enfrentamiento con Carabineros (policía chilena) en el que se habrían producido algunas bajas.
El 18 de julio, la revista Lea de Argentina, publicó una nota que aseguraba que "alrededor de 60 extremistas chilenos habrían sido asesinados en los últimos meses en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia por sus propios compañeros de lucha", calificando la acción como "un vasto e implacable programa de venganza y depuración política".
Pocos días después, otra publicación O Día, de Curitiba, Brasil, afirmaba que 59 "extremistas chilenos" fueron identificados entre los guerrilleros que murieron en enfrentamientos con efectivos policiales en la provincia de Salta, Argentina.
La prensa chilena, totalmente controlada por la dictadura, desplegó una inusitada campaña publicitaria sobre la base de las informaciones de las publicaciones extranjeras aludidas, incluyendo una nómina de los supuestos extremistas caídos en el extranjero. Por cierto, eran los nombres de una parte de los secuestrados durante 1974 por la Dina.
Antes del Golpe
Como hoy, en la década de los 70, el pueblo chileno estaba separado en castas sociales, en las que el poder económico sobresalía por sobre todas las demás, prevaleciendo los monopolios con fuertes lazos trasnacionales que explotaban por míseros salarios a los trabajadores y se apoderaban de los recursos naturales con el visto bueno de los gobernantes de derecha.
Movimientos populares y organizaciones de izquierda (partidos comunista, socialista y radical) tras varios años de lucha, se aliaron en la Unidad Popular, que llevó al médico Salvador Allende a la presidencia el 4 de septiembre de 1970.
En la Casa Blanca, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, asesorado por Henry Kissinger, ordenó a la Agencia Central de Información (CIA por sus siglas en inglés) activar un complot para impedir que Allende tomara posesión del cargo que democráticamente había logrado. No convenía que otras naciones latinoamericanas siguieran el mismo camino que emprendían en Santiago de Chile.
El plan contemplaba además del asesinato de altos oficiales del ejército chileno que pudieran oponerse al complot y provocar una severa crisis interna mediante la desestabilización política, el caos económico y la ingobernabilidad del país.
37 años atrás, allá en Chile como hoy en Venezuela, los medios burgueses en alianza con el gran capital y el gobierno estadounidense, emprendieron una campaña de terror para derrocar al presidente constitucional, sin reparar en el elevado costo en vidas humanas que su conjura tendría.
37 años después, Chile exhibe unos índices de desigualdad social muy elevados, aunque la gran prensa capitalista presume de la supuesta paz laboral que allí se logró, sin explicar que tal armonía se impuso con la fuerza de las bayonetas. La dictadura de Pinochet dejó 2 mil 279 muertos, más de 28 mil presos y torturados y un número impreciso de desaparecidos.
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