jueves, 30 de septiembre de 2010

Informe confirmado: inteligencia USA penetró a fondo la policía ecuatoriana....


El sublevamiento de elementos golpistas de la policía ecuatoriana en contra el Presidente Rafael Correa confirma un informe alarmante sobre la infiltración de la policía ecuatoriana por los servicios de inteligencia norteamericanos difundido en el 2008, en el cual se señalaba como muchos miembros de los cuerpos policíacos desarrollaban una “dependencia” hacia la Embajada de Estados Unidos.

El informe precisaba que unidades de la Policía "mantienen una dependencia económica informal con Estados Unidos, para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones".

El uso sistemático de técnicas de corrupción de parte de la CIA para adquirirse la ”buena voluntad” de oficiales de policía fue descrito y denunciado en numerosas oportunidades por el ex agente de la CIA Philip Agee quién, antes de abandonar las filas de la agencia, estuvo asignado a la Embajada de Estados Unidos en Quito.

En su informe oficial, difundido a finales de octubre 2008, el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce, reveló como diplomáticos norteamericanos se dedicaban a corromper a la policía y también a oficiales de la Fuerzas Armadas.

Confirmando el hecho, la jefatura de la Policía ecuatoriana anunció entonces que sancionaría a sus agentes que colaboraban con Estados Unidos mientras la Embajada estadounidense proclamaba la “transparencia” de su apoyo a Ecuador.

"Nosotros trabajamos con el gobierno de Ecuador, con los militares, con la Policía, para fines muy importantes para la seguridad", declaró la embajadora estadounidense en Quito, Heather Hodges.

Sin embargo, la diplomática dijo a periodistas que no haría comentarios "sobre temas de inteligencia".

La agregada de prensa, por su parte, Marta Youth, se nego rotundamente a referirse a las denuncias del gobierno ecuatoriano, que incluían la participación de la CIA en una operación con Colombia que derivó en el ataque militar colombiano contra la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano del 1 de marzo de aquel año.

El jefe de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, había sido destituido por ocultar información relacionada con el ataque contra las FARC.

En los últimos meses, funcionarios norteamericanos se aparecieron en Ecuador, bajo pretexto de profundizar las relaciones entre Ecuador y EEUU.

El secretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Estado Arturo Valenzuela, visitó y re-visitó al presidente Correa, en vista a una visita de la canciller Hillary Clinton.

Valenzuela se hizo acompañar por Tedd Stern, “delegado especial para los cambios climáticos” también conocido por su afinidad con la CIA.

Secretario general de Unasur pidió fuerte apoyo a presidente ecuatoriano Rafael Correa

El secretario general de la Unión de Naciones del Sur (Unasur) y ex presidente de Argentina, Néstor Kirchner, pidió un fuerte apoyo al mandatario ecuatoriano Rafael Correa, que se enfrenta en su país un intento de golpe de Estado.

Durante un acto masivo en la provincia de Entre Ríos, Kirchner pidió “un fuerte aplauso de apoyo para el presidente Correa y Ecuador y para la democracia ecuatoriana”.

El ex presidente argentino encabezo ese encuentro ya que la mandataria Cristina Fernández espera recibir a los Jefes de Estado de Unasur que esta noche se reúnen en Buenos Aires para analizar la situación en Ecuador.

Luego del acto, Kirchner afirmó que en Ecuador “la situación es preocupante” y que se espera el apoyo de todos los Jefes de Estado de la Unasur al gobierno democrático ecuatoriano.

Por su parte, el Jefe de Gabinete del gobierno argentino, Anibal Fernández, aseveró que “nuestra posición es la defensa irrestricta de la democracia en Latinoamérica”.

En estos momentos, en Ecuador se producen movilizaciones a favor del presidente Correa, quien se encuentra secuestrado en el Hospital de la Policía de la Policía Nacional.

Los manifestantes sufrieron la represión por parte de los efectivos policiales que pasaron de lanzar gases lacrimógenos a disparar con sus armas de reglamento.

El gobierno de Ecuador reportó la tarde de este jueves el fallecimiento de una persona, pero aún se desconoce si fue víctima del accionar de las fuerzas insubordinadas.

Durante esta jornada, los mandatarios de toda América Latina se pronunciaron contra los planes desestabilizadores contra el Ejecutivo ecuatoriano.

Policías chocan con el pueblo que defiende a Correa alrededor del hospital....

Policías sublevados y el pueblo ecuatoriano se enfrentaron este jueves en los alrededores de un hospital de Quito donde permanece el presidente Rafael Correa, quien denunció que afronta un intento de golpe de Estado, según constató la AFP.

Policías insubordinados dispersan con gases lacrimógenos a la población que avanza en un intento por llegar al hospital donde se encuentra atrapado el jefe de Estado, Rafael Correa, en medio de la crisis que se desató tras la protesta de policías y militares de tropa.

En las cercanía al hospital en Quito se han congregado miles de personas en un intento por respaldar a Correa, según constató Efe en el lugar donde reina la confusión ante el lanzamiento de gases lacrimógenos.

“Es un enfrentamiento de pueblo contra pueblo”, dijo uno de los participantes en la protesta en la que se escuchan frases como “policías corruptos no se enfrenten con armas al pueblo, el pueblo viene a mano limpia”.

“Únete pueblo, el pueblo unido jamás será vencido, aquí viene el pueblo”, gritan mientras intentan superar la barrera de policías que están afuera del hospital donde se encuentra Correa bajo atención médica.

En su caminata hacia el hospital, las personas, algunas con palos y banderas, lanzan arengas en respaldo a Correa y entre los manifestantes hay incluso discapacitados en silla de ruedas, niños y ancianos, constató Efe.

“Estamos aquí en pie de lucha por la democracia, defendiendo al presidente de todos los ecuatorianos, rescatándolo, estamos aquí todos los quiteños y han venido de los cantones cercanos caminando, nos están lanzando bombas lacrimógenas a los ministros, a las señoras, a los niños”, dijo la ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.

El pueblo apoya la democracia y no va a permitir que un grupo “que se cree afectado porque está mal informado vaya a poner en riesgo la democracia en Ecuador”, dijo la ministra en medio de la marcha que avanza al hospital, en referencia a los militares y policías que rechazan la eliminación de incentivos profesionales.

“Estamos todos aquí dispuestos a dar la vida para rescatarlo”, dijo Duarte en referencia a Correa.

Los manifestantes intentan subir por la calle principal que lleva al hospital, pero los policías los dispersan con el lanzamiento de gran cantidad de gases lacrimógenos.

Poco antes, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, había llamado a la población a dirigirse al hospital de la Policía, en Quito, para “rescatar” de allí a Correa, amenazado por policías que intentan llegar a su habitación.

A través de un comunicado Correa “nos ha dicho que hay gente que está intentando meterse por los techos para afectar su integridad personal”, dijo Patiño, desde un balcón del Palacio de Gobierno, a un nutrido grupo de simpatizantes del movimiento oficialista Alianza País (AP).

Correa se encuentra en el hospital de la Policía desde esta mañana, luego de que fuera a un regimiento aledaño donde empezó una protesta de agentes de esa institución, que exigen la anulación de unas enmiendas a la ley de servicio público, por considerar que lesionan sus derechos.

El mandatario, en declaraciones a la Radio Pública desde su habitación en el hospital, dijo que parece que hay algunos policías, opuestos a su gestión, que intentan entrar por los techos a su habitación.

Correa, quien recientemente se sometió a una operación en la rodilla, fue empujado cuando estuvo en el regimiento policial y se hizo daño en la pierna, por lo que fue llevado a una habitación del hospital.

La Dirección del hospital de la policía dijo que existe calma dentro de la institución.

Comunicado del Gobierno de Ecuador....


El vicepresidente de Ecuador,Lenin Moreno, dijo que Correa, quien permanece refugiado en un hospital de Quito custodiado por uniformados rebeldes, es víctima de una tentativa de secuestro.

Según la agencia de noticias Andes, los delegados de los uniformados disidentes, acompañados de un abogado, mantienen un encuentro con el mandatario en una habitación del hospital de la Policía en Quito, donde está Correa tras ser agredido por los manifestantes cuando acudió a un cuartel vecino para tratar de sofocar la sublevación.

Miles de personas se congregan a esta hora cerca al ‘Hospital de la Policía Nacional’, en Quito, en un intento por respaldar al Presidente de Ecuador. En el lugar reina la confusión.

La Policía dispersa con gases lacrimógenos a quienes se dirigen al hospital donde está el mandatario ecuatoriano.

“Es un enfrentamiento de pueblo contra pueblo”, dijo uno de los participantes en la protesta en la que se escuchan frases como “policías corruptos no se enfrenten con armas al pueblo, el pueblo viene a mano limpia”.

“Únete pueblo, el pueblo unido jamás será vencido, aquí viene el pueblo”, gritan mientras intentan superar la barrera de policías que están afuera del hospital donde se encuentra Correa bajo atención médica.

En su caminata hacia el hospital, las personas, algunas con palos y banderas, lanzan arengas en respaldo a Correa y entre los manifestantes hay incluso discapacitados en silla de ruedas, niños y ancianos, constató Efe.

“Estamos aquí en pie de lucha por la democracia, defendiendo al presidente de todos los ecuatorianos, rescatándolo, estamos aquí todos los quiteños y han venido de los cantones cercanos caminando, nos están lanzando bombas lacrimógenas a los ministros, a las señoras, a los niños”, dijo la ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.

El pueblo apoya la democracia y no va a permitir que un grupo “que se cree afectado porque está mal informado vaya a poner en riesgo la democracia en Ecuador”, dijo la ministra en medio de la marcha que avanza al hospital, en referencia a los militares y policías que rechazan la eliminación de incentivos profesionales.

“Estamos todos aquí dispuestos a dar la vida para rescatarlo”, dijo Duarte en referencia a Correa.

Los manifestantes intentan subir por la calle principal que lleva al hospital, pero los policías los dispersan con el lanzamiento de gran cantidad de gases lacrimógenos.

Poco antes, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, había llamado a la población a dirigirse al hospital de la Policía, en Quito, para “rescatar” de allí a Correa, amenazado por policías que intentan llegar a su habitación.

A través de un comunicado, Correa “nos ha dicho que hay gente que está intentando meterse por los techos para afectar su integridad personal”, dijo Patiño, desde un balcón del Palacio de Gobierno, a un nutrido grupo de simpatizantes del movimiento oficialista Alianza País (AP).

Correa se encuentra en el hospital de la Policía desde esta mañana, luego de que fuera a un regimiento aledaño donde empezó una protesta de agentes de esa institución, que exigen la anulación de unas enmiendas a la ley de servicio público, por considerar que lesionan sus derechos.

El mandatario, en declaraciones a la Radio Pública desde su habitación en el hospital, dijo que parece que hay algunos policías, opuestos a su gestión, que intentan entrar por los techos a su habitación.

Correa, quien recientemente se sometió a una operación en la rodilla, fue empujado cuando estuvo en el regimiento policial y se hizo daño en la pierna, por lo que fue llevado a una habitación del hospital.

La Dirección del hospital de la policía dijo que existe calma dentro de la institución.

Comunicado del Gobierno

En medio de los desórdenes, el gobierno ecuatoriano envió un comunicado a en el que rechaza la “insurbodinación de elementos de la fuerza pública”, a los que acusa de estar aliados con “grupos que persiguen la ruptura de orden democrático”, cuyo objetivo es “interrumpir un proceso histórico de cambio político, económico y social que cuenta con el indiscutible apoyo mayoritario de las ciudadanas y ciudadanos del Ecuador”.

En el texto se apoyan las manifestaciones en favor del presidente Correa como un “derecho irrenunciable” del pueblo de defender “la vigencia irrestricta de la Democracia y la continuidad del Gobierno al que ellos han encomendado soberanamente la dirección del Estado ecuatoriano”.

Y anota: “Reafirmamos el compromiso público que expresó el Presidente Correa de defender la Democracia y el proceso de cambio de la Revolución Ciudadana hasta las últimas consecuencias”.


Impresionantes Fotos sobre el intento de golpe de estado en Ecuador....

El ejemplo de Honduras ha envalentonado a los golpistas ecuatorianos.
El presidente Correa ha sido trasladado al hospital tras ser atacado
con gases por fuerzas policiales rebeladas. En estos momentos,

TODOS
CON LA REVOLCUION CIUDADANA EN ECUADOR, TODOS CON CORREA!!!!


...

Compañeros,
un golpe de estado en Ecuador no es sólo un golpe de estado contra las libertades de un pueblo, sino contra la revolución bolivariana de
Venezuela, la cubana, el Alba, El Movimiento Al Socialismo de Bolivia,
contra la libertad de todos los pueblos de toda latinoamérica y del
mundo.

Grupos sociales se han movilizado ya por todo el país
para defender a su presidente y el gobierno legítimo. A estas horas
intentan rescatar al presidente del Hospital de la Policia donde corre
peligro de sufrir un nuevo atentado contra su vida ¡Todos a la
movilización y a organizarse contra los golpistas!













Respuesta de Correa....

Correa advierte que no cederá ante protestas de policías


"No daré ni un paso atrás, si quieren tomarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía indefensa y si quieren traicionar su misión de policías, traiciónenlos", exclamó Correa en un encendido discurso ante decenas de uniformados que tomaron el principal regimiento de Quito

Quito.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió este jueves que no cederá ante las protestas de policías que rechazan una ley aprobada por el Congreso que eliminó beneficios económicos a los miembros de esa institución y las Fuerzas Armadas.

"No daré ni un paso atrás, si quieren tomarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía indefensa y si quieren traicionar su misión de policías, traiciónenlos", exclamó Correa en un encendido discurso ante decenas de uniformados que tomaron el principal regimiento de Quito, citó AFP.

"Este presidente, nuestro gobierno, seguirá haciendo lo que tiene que hacer", añadió.


Intento de golpe de estado en Ecuador minimizado como simple "Protesta"

"Señores, si quieren matar al presidente, aquí está: mátenme si si les da la gana, mátenme si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondidos", sostuvo el mandatario Rafael Correa visiblemente exaltado al asegurar que seguirán "con una sola política de justicia, dignidad". Unos 120 militares se unieron a las protestas."




El presidente de Ecuador, Rafael Correa, llegó este jueves al Regimiento Quito, donde cientos de policías de tropa protestan en rechazo a la eliminación de incentivos profesionales aprobado por la Asamblea Nacional, mientras otro grupo bloquea a esta hora una pista del aeropuerto de la capital.

“Señores, si quieren matar al presidente, aquí está: mátenme si si les da la gana, mátenme si tienen valor, en vez de estar en la muchedumbre, cobardemente escondidos”, dijo Correa visiblemente exaltado al asegurar que seguirán “con una sola política de justicia, dignidad”.

“Si quieren tomarse los cuarteles, si quieren dejar a la ciudadanía indefensa, si quieren traicionar su misión de policías, su juramento, traiciónenlo, pero este presidente y este Gobierno seguirán haciendo lo que tiene que hacer”, añadió Correa.

Correa intentó dialogar con los policías en las afueras del Regimiento pero los manifestantes lo recibieron molestos y con gritos por lo que el jefe de Estado ingresó en las instalaciones y desde una ventana se dirigió a los policías de tropa.

Al inicio de su intervención, Correa aseguró que podía esperar esa actitud de cualquier otra institución, pero no de la Policía y se lamentó de lo que considera una “memoria frágil” pues, a su criterio, ningún otro Gobierno ha hecho lo que el suyo por esa institución del orden.

“Si quieren destruir la patria, destrúyanla, pero este presidente no da ni un paso atrás, viva la patria”, finalizó Correa, que terminó su intervención de forma abrupta.

Desde temprano, policías de tropa ocuparon las instalaciones del Regimiento Quito con gritos en los que llamaban a la unidad y a protestar contra lo que consideran una injusticia contra su profesión.

Los policías de tropa rechazan, entre otras cosas, que se hayan eliminado incentivos económicos en los ascensos y que se haya ampliado el plazo para los mismos.

Los policías de tropa, que escondían sus rostros de las cámaras, también incendiaron neumáticos en las afueras del regimiento para agudizar la protesta inédita en Ecuador.

En medio de las protestas, Efe constató que los policías pedían a gritos a los militares que los apoyen en el reclamo, al considerar que también a las Fuerzas Armadas afecta la decisión de eliminar incentivos.

Precisamente en el aeropuerto de Quito, unos 150 policías bloquearon la pista del aeropuerto en protesta contra las altas autoridades, según constató Efe.

“Por nosotros está en el poder Correa”, decían los policías, mientras en medio de la protesta se escuchaban gritos de “vamos a la guerra civil”.

Como método de protesta, los policías dijeron que no saldrán a las calles a realizar su trabajo hasta lograr un acuerdo con el Gobierno.

Algunos policías aseguraron que la medida de protesta también se extenderá a otros sectores del país, entre ellos la provincia del Guayas, cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada del país.

El general Florencio Ruiz, jefe del Estado mayor de la Policía, que llegó al Regimiento Quito, dijo a la televisión Telamazonas, que llegaba al sitio para “calmar a la gente” y decirles que “no es necesaria esta protesta” y pedirles “un diálogo respetuoso, fundamentado jurídica y técnicamente con el presidente de la República”.

El intento del Comandante general de la Policía, Freddy Martínez, por dialogar con los manifestantes se vio frustrado cuando se accionó una bomba de gas lacrimógeno cerca al sitio donde estaba el alto militar en el mismo regimiento.

Unos 120 militares se unen a las manifestaciones

Unos 120 militares se unieron a las protestas contra una reducción de sus beneficios salariales por parte de la policía, que ha ocupado un regimiento de la capital y ha obligado a cerrar el aeropuerto de Quito, según dijo una fuente gubernamental.

Oficiales militares se reunieron hoy temprano con el ministro de Defensa, Javier Ponce, a quien le expresaron su insatisfacción por el cambio en el sistema de bonificaciones y ascensos, dijo la fuente, que pidió no ser identificada.

“Hay descontento por el despido de condecoraciones, pero existe un desconocimiento del personal militar en cuanto a ese decreto”, dijo la fuente, la cual hizo hincapié en que las condecoraciones “serán reemplazadas por compensación”.

Algunos de los militares que se reunieron con Ponce se congregaron tras el encuentro en las afueras del ministerio, donde hay unas 120 personas, de acuerdo con la fuente.

Mientras, cientos de policías permanecen en el Regimiento Uno de la capital y otro grupo también se ha congregado frente al Cuartel Modelo de Guayaquil, en protesta por la reducción de sus beneficios salariales.



sábado, 11 de septiembre de 2010

Militares colombianos condenados a 40 años de prisión por asesinato de dirigente indígena



El indígena Edwin Legarda, murió luego de que el vehículo en el que viajaba recibió 15 disparos, el 16 de diciembre de 2008

El dirigente indígena Edwin Legarda fue asesinado en 2008 cuando su vehículo fue baleado. Los militares implicados en el caso se defendieron de toda culpabilidad durante estos dos años, al sostener que el originario hizo caso omiso a una orden de detención, mientras conducía, por lo que abrieron fuego contra el automóvil.

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán, departamento del Cauca, suroccidente de Colombia, condenó a 40 años de prisión a seis militares por el asesinato en 2008 del dirigente indigena Edwin Legarda Vásquez.

Los uniformados, ya en situación de retiro, fueron encontrados culpables de los cargos de homicidio agravado.

El dictamen implica al sargento viceprimero Alexis Ramírez Vivas, al cabo tercero Javier Alonso Osorio Díaz y los soldados profesionales Lisandro Caicedo Obando, Javier Francisco Belalcázar Trochez, Numar Armido Muitrón Cabezas y William Weimar Lemeche Hurtado.

Además la condena del juzgado obliga a los funcionarios a cancelar una multa de 2 mil 666 salarios mínimos legales vigente de 515 mil pesos (poco más de 286 dólares).

El fallo también inhabilitó a los militares durante 20 años para ejercer cargos públicos. Ante las medidas del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán, la defensa apeló la sentencia.

Los seis implicados en el homicidio fueron recluidos en la cárcel de San Isidro en Popayán, informó la fiscalía.



Antes de esta sentencia, el pasado mes de junio el mismo juzgado de Popayán había declarado culpables a los militares. Posteriormente, un séptimo funcionario fue absuelto de los hechos, según informó la sección de la fiscalía en esa ciudad capital del Cauca.

Legarda fue asesinado el 16 de diciembre de 2008, cuando se trasladaba en una camioneta del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) por la vía que conduce de la localidad de Inzá a Popayán (suroeste). Iba camino a buscar a su esposa, la líder indígena Aida Quilcué.

El auto en el que viajaba el dirigente fue encontrado con 15 disparos de fusil en sus lados y dos que entraron por el parabrisas.

Tras los hechos, los militares imputados argumentaron que el originario hizo caso omiso a una orden de detención emitida de un retén, por lo que abrieron fuego contra el vehículo que conducía.

Un día antes del homicidio, la esposa del fallecido, Aida Quilcué, había regresado de Ginebra, donde asistió a sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El CRIC ha denunciado que el objetivo del ataque era Aida Quilcué, por entonces consejera mayor de esta organización y quien había encabezado dos meses antes una protesta indígena que movilizó a más de 40 mil aborígenes por el suroeste del país y hasta Bogotá.

Por su parte, la dirigente indígena colombiana, Aida Quilcue, ha asegurado que el asesinato de su esposo, Edwin Legarda, "constituye un crimen de Estado, el Ejército lo asesinó".

Que Viva Allende....




“Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza
de que mi sacrificio no será en vano, tengo la
certeza de que por lo menos habrá una lección
moral que castigará al felonía, la cobardía y la traición”


Este 11 de septiembre se cumplen 37 años de uno de los momentos más aciagos sufridos por la democracia latinoamericana: el derrocamiento y asesinato del presidente chileno, Salvador Allende y con ello, la instauración de la cruenta dictadura que por 17 años mantuvo en esa nación Augusto Pinochet, respaldado por el gobierno de Estados Unidos y por las clases dominantes de ese país.

Durante el gobierno de Salvador Allende, los medios masivos de comunicación desempeñaron un papel fundamental en cuanto a la formación de criterio de un sector de la población. Prensa, radio y televisión apoyaron abierta y directamente a la derecha fascista.

La información que se generaba era manipulada con el fin de desacreditar las acciones y la figura del mandatario chileno y promover el modelo clasista y excluyente de los sectores poderosos.

Ya durante las campañas presidenciales de 1970, la prensa de derecha comenzó una campaña publicitaria contra la coalición de la Unidad Popular (UP), que tenía como objetivo desacreditar al socialismo y despertar el miedo entre la población chilena.

Uno de los hasta entonces más prestigiosos diarios chilenos, El Mercurio, propiedad del empresario Agustín Edwards Eastman, se colocó al servicio de la Agencia Central de Información (CIA por sus siglas en inglés), previo pago de una cuantiosa cantidad de dólares.

Desde sus páginas diariamente se atacaba al presidente Allende, se descalificaba la acción de su gobierno y se alentaba a los grupos opositores, que no cesaban de sabotear mediante huelgas injustificadas y protestas de sectores pudientes y gremios profesionales.

Como ocurre hoy en Venezuela con medios privados, desde 1970 hasta 1973, los chilenos cada día eran sorprendidos con titulares como “Gobierno se pone al margen de la ley”, “Crece alarma por desabastecimiento”, “Inseguridad en carreteras”, “Chile al borde de la quiebra de su sistema democrático”, “Primera etapa de la vía chilena al socialismo: racionamiento y hambre”.

La intención también era la de propiciar además, un cambio de los factores de poder, por lo que infundían temor en la población atemorizándola con "el fantasma del comunismo".

Buscaban además convencer a la población de la necesidad de un "cambio necesario" donde una mano fuerte, ante la "incapacidad gubernamental" debía llegar para poner un freno a la inseguridad.

Luego del Golpe de Estado, el diario se dedicó a la fabricación de noticias falsas, que intentaban hacer creer al pueblo chileno la legitimidad del gobierno golpista, además de encubrir las torturas y asesinatos llevados a cabo por la Junta Militar de Gobierno, a través de informaciones ficticias.

Uno de esos casos es el de la militante del Partido Comunista, Marta Ugarte, de 42 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la playa La Ballena, entre los balnearios de Los Molles y Los Vilos, el 12 de septiembre de 1976, con claros signos de tortura y violación.

Ugarte tenía amarrado un alambre en el cuello, con el que fue estrangulada, antes de ser lanzada al mar desde un helicóptero del Ejército de Chile.

Para justificar el asesinato, la periodista Beatriz Undurraga, de El Mercurio, se encargó de crear, con la asesoría comunicacional de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) una versión en que se aseguraba que Marta Ugarte había muerto, producto de “un crimen pasional.”

Todos los diarios de la cadena de la empresa El Mercurio, en todo el país, difundieron esta tergiversación de los hechos, en simultaneidad con los noticiarios centrales de los canales de televisión.

Los 119

Los 119 son los secuestrados por la Dina, cuyos nombres fueron incluidos por la dictadura en la nómina de chilenos habrían sido asesinados por sus propios compañeros comunistas o en enfrentamientos con fuerzas de seguridad extranjeras.



Los días 14 y 16 de junio de 1975, El Mercurio anunció que 50 guerrilleros habían sido detenidos en Talca y que otros dos grupos habrían cruzado la frontera desde Argentina en un plan combinado del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) chileno y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) argentino.

Los titulares del diario decían que "informaciones provenientes de Buenos Aires" dan cuenta de un enfrentamiento con Carabineros (policía chilena) en el que se habrían producido algunas bajas.

El 18 de julio, la revista Lea de Argentina, publicó una nota que aseguraba que "alrededor de 60 extremistas chilenos habrían sido asesinados en los últimos meses en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia por sus propios compañeros de lucha", calificando la acción como "un vasto e implacable programa de venganza y depuración política".

Pocos días después, otra publicación O Día, de Curitiba, Brasil, afirmaba que 59 "extremistas chilenos" fueron identificados entre los guerrilleros que murieron en enfrentamientos con efectivos policiales en la provincia de Salta, Argentina.

La prensa chilena, totalmente controlada por la dictadura, desplegó una inusitada campaña publicitaria sobre la base de las informaciones de las publicaciones extranjeras aludidas, incluyendo una nómina de los supuestos extremistas caídos en el extranjero. Por cierto, eran los nombres de una parte de los secuestrados durante 1974 por la Dina.

Antes del Golpe

Como hoy, en la década de los 70, el pueblo chileno estaba separado en castas sociales, en las que el poder económico sobresalía por sobre todas las demás, prevaleciendo los monopolios con fuertes lazos trasnacionales que explotaban por míseros salarios a los trabajadores y se apoderaban de los recursos naturales con el visto bueno de los gobernantes de derecha.

Movimientos populares y organizaciones de izquierda (partidos comunista, socialista y radical) tras varios años de lucha, se aliaron en la Unidad Popular, que llevó al médico Salvador Allende a la presidencia el 4 de septiembre de 1970.

En la Casa Blanca, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, asesorado por Henry Kissinger, ordenó a la Agencia Central de Información (CIA por sus siglas en inglés) activar un complot para impedir que Allende tomara posesión del cargo que democráticamente había logrado. No convenía que otras naciones latinoamericanas siguieran el mismo camino que emprendían en Santiago de Chile.

El plan contemplaba además del asesinato de altos oficiales del ejército chileno que pudieran oponerse al complot y provocar una severa crisis interna mediante la desestabilización política, el caos económico y la ingobernabilidad del país.

37 años atrás, allá en Chile como hoy en Venezuela, los medios burgueses en alianza con el gran capital y el gobierno estadounidense, emprendieron una campaña de terror para derrocar al presidente constitucional, sin reparar en el elevado costo en vidas humanas que su conjura tendría.

37 años después, Chile exhibe unos índices de desigualdad social muy elevados, aunque la gran prensa capitalista presume de la supuesta paz laboral que allí se logró, sin explicar que tal armonía se impuso con la fuerza de las bayonetas. La dictadura de Pinochet dejó 2 mil 279 muertos, más de 28 mil presos y torturados y un número impreciso de desaparecidos.



Bolivia: Dos años de la Masacre de Pando a 13 campesinos



El juicio oral contra Leopoldo Fernández y otros 25 acusados ingresó ayer en la etapa de fundamentación de las pruebas de acusación por la muerte de 13 campesinos y normalistas en la masacre de Porvenir, Pando.



Al recordarse dos años de la masacre de Porvenir, realizada el 11 de septiembre de 2008, las víctimas claman justicia. El 4 de agosto, con la lectura de las fundamentaciones y acusaciones, se inició formalmente el juicio oral contra Leopoldo Fernández y sus colaboradores.

“A pesar del tiempo transcurrido, la masacre de Porvenir no pierde vigencia”, señala un documento del Comité Impulsor del Juicio Contra el ex prefecto de Pando y sus colaboradores. Los testimonios de las víctimas aún conservan el relato fresco de las agresiones. “En las jornadas luctuosas, 15 campesinos fueron detenidos por civiles, denunciaron haber sido maniatados con alambres y golpeados varias veces. Muchos estuvieron aprehendidos en la cárcel de Villa Busch (Cobija), durante una semana”, recuerda Witman Rojas, un agricultor de la comunidad de Filadelfia, que durante la primera audiencia dio su testimonio. “Después de más de una hora de corretearnos a balazos en camionetas, me cogieron. Eran hombres civiles que me golpearon y junto a otros campesinos nos metieron en una camioneta rumbo al Comité Cívico, de ahí nos llevaron a la FELCC, después otra vez al Comité Cívico. Nos golpearon al salir y al entrar... hay que meterles fuego decían”, relató esta víctima de la violencia en Pando.

Para don Moisés Chivi, director general de Administración Pública Plurinacional del Viceministerio de Descolonización, dependiente del Ministerio de Culturas, “lo de septiembre en Porvenir fue un cierre abrupto de una cadena de acontecimientos previos en Sucre, Santa Cruz y Tarija. Fue un cierre que nos mostró el tamaño de la colonialidad en nuestras élites”.

Chivi asegura que en Pando el racismo se tradujo en genocidio. “Un genocidio que viene de atrás, que proviene del colonialismo primero. Los muertos de ese 11 (de septiembre) fueron los de siempre: los indios”, sostiene.

El racismo, señala, no es cuestión de jovencitos maleducados, adultos inmaduros o desadaptados sociales. Es un sistema complejo de hábitos de vida que expresan con nitidez la colonialidad contemporánea de una Bolivia que hoy está en proceso de descolonización, añade.



HOMENAJE


El Comité Impulsor del Juicio Contra Leopoldo Fernández y sus Colaboradores hoy, en La Paz, realizará un homenaje a los caídos y víctimas de la masacre de Pando. Exposiciones fotográficas, presentación de la obra Tahuamanu, racismo y masacre en la amazonia boliviana, y eventos culturales en El Prado se unirán a los festejos en Cobija, donde se descubrirá el Monumento Contra la Infamia, una estructura ubicada en la plaza Central de Cobija, que simbolizará la capacidad de levantarse del pueblo frente a la violencia y el racismo. La alegoría representa el dolor de la injusticia en rostros de campesinos sufrientes, pero vestidos con el valor de los pumas y los tigres, símbolos de la región.


Hoy sábado se cumplen dos años de los hechos luctuosos en Porvenir en el departamento de Pando y aún no hay un solo sentenciado por este caso. El juicio iniciado hace algunos meses, y luego de muchas trabas, avanza lentamente.


El Tribunal Sexto de Sentencia sesionó el viernes en doble turno y se concluyeron las fundamentaciones orales de las acusaciones formales presentadas en contra de los 27 imputados, entre los que se encuentra el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

Para Freddy Panique, presidente del Comité Impulsor del Juicio el proceso avanzó en un 25% y en las siguientes audiencias se tratará de acelerar el proceso.

“Viene una etapa de incidentes y excepciones, y la etapa más dura que se va a presentar es precisamente cuando se tenga que producir la prueba testifical”.

Por su parte el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández principal acusado en el caso, a dos años de los hechos sucedidos en Porvenir reiteró su inocencia, anunciando que llegado el momento se demostrará fehacientemente ello.

“Todos quisiéramos hacer los esfuerzos suficientes para encontrar a los verdaderos responsables, en este juicio no existe siquiera indicios de responsabilidad de alguna persona que haya sido autor material o intelectual de la muerte del pastor Rivero o del ingeniero Oshiro o del soldado Siñani, eso muestra el sesgo que tiene la acusación porqué pareciera que sólo hubieron muertes de un solo lado”, explicó.

En la parte acusadora, Mary Carrazco, abogada de los familiares de las víctimas de Porvenir existen pruebas que indican que Leopoldo Fernández, como prefecto de Pando en vez de proteger a los pobladores del departamento instruyó el cavado de dos zanjas en el sector de Barracas para cercar a los campesinos.

“No me sorprende que digan que no están arrepentidos prosupuesto, el odio, el racismo lo siguen teniendo, nosotros tenemos una tesis, ellos tienen otra y entonces vamos a ver con las mismas reglas quien podrá probar lo que estamos diciendo”, señaló.

La madrugada del 11 de septiembre de 2008 desde la madrugada funcionarios de la Prefectura de Pando se enfrentaron con campesinos que se trasladaban hacia Cobija, durante la jornada se sucedieron varios hechos violentos que terminaron con la vida de al menos 12 personas y provocaron que días después se dicte el estado de sitio en el departamento de Pando.


El informe sobre la masacre de Pando que este martes presentó la Comisión Especial a la presidenta temporal de la Unasur, la mandataria chilena Michelle Bachelet, demanda justicia, constituye un fuerte respaldo a la defensa de los derechos humanos y la democracia, y un duro golpe contra la impunidad.La presidenta pro témpore de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) recibió ese informe de manos del jurista argentino Rodolfo Mattarollo, luego que hace 40 días, el 15 de septiembre, conformara la Comisión Especial para investigar la masacre de al menos 18 personas en la región amazónica boliviana de Porvenir, Pando.


Tras la entrega del documento, que será socializado entre los presidentes de los 12 estados miembros de Unasur, el presidente de esa Comisión aseguró que el trabajo "contribuye a la consolidación del Estado de Derecho, no solo en Bolivia, sino en toda la región".
Sostuvo que los miembros de la Comisión
Especial actuaron en la investigación de los luctuosos hechos "de acuerdo a nuestras convicciones intelectuales y morales" y aseguró que "se trata de una comisión que podríamos llamar Comisión de la Verdad, de establecimiento de hechos, no de un tribunal de justicia penal".


Según Mattarollo, los investigadores de Unasur asumieron su tarea como la Comisión Rettig, que en 1990 esclareció las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura del Gral. Augusto Pinochet. En esta misma línea, la Presidencia de Chile destacó, mediante un comunicado oficial, que "el informe constituye una importante contribución de la Unasur al derecho, a la justicia y a la superación de la impunidad en la región".
La comisión especial fue creada por la Declaración
de la Moneda, de 15 de septiembre pasado, para investigar los trágicos hechos acaecidos en Pando, donde al menos 18 personas resultaron muertas, decenas heridas y desaparecidas, presumiblemente a manos de sicarios vinculados al ex prefecto Leopoldo Fernández, preso en una cárcel de La Paz.
Luego de varias semanas de trabajo, que incluyó visitas al lugar de los hechos, testimonios y la opinión de peritos, la Comisión elaboró un informe que contiene conclusiones y recomendaciones que serán puestas en conocimiento de las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur, reportó el Gobierno de Chile.
"Bachelet nos ha pedido para dar a conocer las recomendaciones, que antes los presidentes tomen conocimiento de este informe, y especialmente el presidente Evo Morales", subrayó Mattarollo
En declaraciones a los periodistas, el jurista argentino explicó que el mandato que la Comisión recibió el 15 de septiembre fue contundente: "revisar los hechos con imparcialidad, seriedad y haciendo recomendaciones para la lucha contra la impunidad, y hemos tratado de cumplirlo".



Mattarollo indicó que los integrantes de
esta misión confían en que "las recomendaciones y conclusiones sirvan para consolidar el Estado de Derecho no solo en Bolivia, sino en toda la región, que ha seguido con tanto interés estos hechos dramáticos".
Por su parte, el ex canciller chileno Juan Gabriel Valdés, quien también formó parte de la misión, citado por Efe dijo que "a la luz de lo que conocemos, no cabe la menor duda de que fue muy acertada la decisión de los presidentes de Unasur de crear esta comisión para investigar directamente los hechos".
UNASUR – MASACRE
El pasado 20 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, Mattarollo presentó un breve informe sobre la masacre en
Pando del 11 de septiembre donde ratificó que la muerte de 18 campesinos y la desaparición de al menos otros 70 se trató de una masacre.


Sobre la comisión de esos delitos de lesa humanidad, la Comisión Especial pudo establecer que algunas "autoridades locales son judicialmente responsables y logró identificarlas".
Los hechos ocurrieron en las afueras de la localidad de Porvenir cuando indígenas que se manifestaban en defensa del gobierno de Evo Morales, fueron emboscados y asesinados a sangre fría por paramilitares y sicarios. En ese informe también menciona al ex presidente del Senado boliviano, el opositor José Villavicencio, que se pasea ante la cámara a los gritos. "Si Evo quiere sangre, va a haber sangre", arengaba, mientras de fondo una turba corría a tiros a un grupo de indígenas.
A la reunión con la Jefa de Estado de Chile, y los miembros de la Comisión Especial de la Unasur, asistieron el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley; el secretario Pro Tempore Unasur, Ángel Flisfisch; y miembros de la comisión especial encabezados por el jurista Rodolfo Mattarollo.Además de Mattarollo estuvieron Juan Gabriel Valdés y Luciano Fouillioux (Chile), Fermino Fechio (Brasil), Francisco Borja (Ecuador), Guido Toro (Perú), Carlos Pita (Uruguay), Freddy Gutiérrez (Venezuela), Fulvia Benavides (Colombia) y Nicolás Gutman, Eduardo Zuain y Ciro Annichiarico (Argentina).